Brugada confirma que Silza ha pagado 430 mdp en indemnizaciones por explosión

Brugada afirmó que Silza ha cubierto el 90% de lo pactado para atender a víctimas mortales, heridos y pérdidas materiales.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, confirmó que la empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V. ha pagado ya 429 millones de pesos, equivalentes a cerca del 90 por ciento del total comprometido en los acuerdos reparatorios derivados de la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, tragedia que dejó 32 personas fallecidas y decenas de lesionados.

Durante la presentación del informe de avances en la atención a víctimas, realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina detalló que hasta el momento se han firmado 143 acuerdos reparatorios con víctimas directas e indirectas, lo que representa una inversión histórica de 480 millones de pesos para la reparación del daño.

Del monto ya cubierto, precisó, 266 millones se destinaron a familiares de las personas fallecidas, 136.5 millones a personas lesionadas y 27 millones a quienes sufrieron daños materiales u otras afectaciones.

Brugada asegura que su gobierno ha brindado apoyo a todas las víctimas

La mandataria capitalina subrayó que, además de las indemnizaciones a cargo de la empresa responsable, el gobierno de la Ciudad otorgó 40 mil pesos en apoyos inmediatos a las familias afectadas, entregados en dos momentos distintos para cubrir gastos urgentes tras el siniestro.

Recalcó que desde las primeras horas posteriores a la explosión se desplegó un amplio operativo interinstitucional para salvaguardar la integridad de víctimas y habitantes de la zona.

“Movilizamos a más de mil 400 servidoras y servidores públicos, entre bomberos, policías, brigadistas, personal de protección civil, médicos, paramédicos y especialistas”, señaló Brugada Molina, al tiempo que reconoció el respaldo de instituciones de salud como el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex y el Instituto Nacional de Rehabilitación, que brindaron atención médica integral sin distinción de derechohabiencia.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que, al cierre del último corte, 127 de las 144 víctimas ya recibieron pagos por las afectaciones sufridas, y que los casos pendientes corresponden principalmente a daños materiales y trámites sucesorios complejos. Destacó que los montos alcanzados en este caso se ubican por encima de reparaciones otorgadas históricamente en otros eventos de víctimas múltiples en el país.

Alcalde Luján confirmó que las investigaciones periciales establecieron la responsabilidad directa del conductor de la pipa, Fernando Soto Munguía, por exceso de velocidad y pérdida de control del vehículo, así como omisiones graves de la empresa Silza en materia de gestión de riesgos.

Entre ellas, la falta de capacitación adecuada, jornadas excesivas de conducción, hasta 16 horas en un lapso de 24 horas, y la ausencia de controles médicos y de descanso conforme a la normatividad vigente.

“La reparación no sustituye la pérdida de una vida pero hace justicia”

En el informe también participaron el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, quien destacó el acompañamiento permanente de 75 enlaces gubernamentales para atender a las familias, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, quien detalló las labores de acordonamiento, rescate y traslados médicos, incluidos operativos aéreos con helicópteros del agrupamiento Cóndores.

Brugada Molina anunció además la creación de un reconocimiento al mérito civil y al valor ciudadano, denominado Alicia Matías, en memoria de la mujer que perdió la vida al proteger a su nieta durante la explosión.

“La reparación del daño no sustituye la pérdida de una vida, pero hace justicia y garantiza la no impunidad”, afirmó la jefa de Gobierno.

Finalmente, reiteró que el gobierno de la Ciudad continuará con el seguimiento médico, psicológico y social de las víctimas y sus familias, al tiempo que se han endurecido las reglas de tránsito para vehículos que transportan materiales peligrosos, como parte de las medidas para evitar tragedias similares en el futuro.