Desfalco de Álvarez Puga salpica a políticos, empresarios y farándula.
- paulette solano
- 4 dic 2025
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El abogado Víctor Manuel Álvarez Puga está en el centro de una trama de desvíos millonarios en México. Las autoridades lo consideran el principal operador de factureras. Ese sistema permite simular servicios y mover recursos públicos sin control. También facilita lavado de dinero y evasión fiscal.
El caso se enfoca en el desfalco de 2 mil 950 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación en 2016. Ese dinero debía mejorar la seguridad en prisiones federales. La auditoría reveló que parte del presupuesto se blanqueó a través de una empresa fantasma y un testaferro. Los beneficiarios fueron personajes cercanos a la política, la economía y el espectáculo.
Álvarez Puga huyó de México junto con su esposa, la conductora Inés Gómez Mont. Ambos vivieron en Florida y adquirieron propiedades de lujo. El abogado fue detenido en 2024 en Miami por un tema migratorio. Esa detención permitió al Gobierno de México presionar su extradición.
La trama de Álvarez Puga
La Secretaría de Hacienda revisó los movimientos de la empresa Gupea Construcciones y del testaferro Ismael Infante Loredo. Entre 2016 y 2017 pagaron 125 millones de pesos en depósitos disfrazados como nómina u honorarios. En los documentos aparecen 89 personas. La lista incluye familiares del abogado, políticos, empresarios, deportistas y celebridades.
Othón de León Arriola, nieto de Elba Esther Gordillo, recibió 1.3 millones. Arturo Montiel Yáñez, hijo de Arturo Montiel Rojas, exgobernador del Estado de México, recibió 865.8 mil pesos.
Ricardo Monreal Pérez, primogénito de Ricardo Monreal Ávila, obtuvo 275 mil pesos. Fernando Reina Iglesias, exesposo de Galilea Montijo, recibió 700 mil pesos. Varias de esas figuras dieron versiones para explicar los depósitos. Otras no respondieron.
El propio Álvarez Puga cobró 10.9 millones. Gómez Mont recibió 7.4 millones. La madre del abogado obtuvo 285 mil pesos. Su exesposa recibió 3.5 millones. Todos aparecen en los registros fiscales.
La auditoría señala también a perfiles con peso institucional. Entre ellos está Rodrigo de Zulueta Rodrigo, con pagos de 3.9 millones. Aparecen también accionistas de empresas como Connect Telecom. Ricardo Pelusi Barriguete recibió 26.6 millones. Ileana Salazar Penagos cobró 2.2 millones. Eduardo Valenzuela Guzmán, piloto del abogado, obtuvo 7.7 millones. El apoderado de la empresa que construyó la casa blanca de Peña Nieto, Edgar Joel Tapia Escoto, recibió 2.2 millones.
El listado incluye exfuncionarios federales y estatales. Entre ellos, José Omar Gutiérrez Bayardi recibió 1.4 millones. Leonel Daniel Ortiz Noriega cobró 350 mil pesos. Patricio de la Peña obtuvo 80 mil pesos. Juan Rojas Nájera recibió 65 mil pesos. El notario Gerardo González Meza recibió 83 mil pesos.
Otro personaje relevante en la lista es Rodrigo Ripstein Kaim, exesposo de la empresaria Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego y con quien tuvo tres hijos; Ripstein obtuvo depósitos por 11.3 millones de pesos.
A pesar de esta red tan amplia, las autoridades solo apuntaron contra Álvarez Puga, Gómez Mont y algunos funcionarios medianos. No hay acusaciones formales contra la mayoría de los beneficiarios.
Una red de testaferros y operaciones transnacionales
La trama funcionó con empresas fachada en México y prestanombres en Estados Unidos. La red movió dinero público hacia cuentas privadas. También sirvió para adquirir mansiones y proteger activos.
Álvarez Puga y su hermano crearon decenas de empresas. Esas firmas simulaban servicios. Emitían facturas falsas. Con ese mecanismo movieron recursos millonarios del Gobierno. La operación se mantuvo activa durante años.
En Florida, el operador principal fue Jonathan Choghi. Él creó estructuras corporativas usadas para comprar propiedades. Su nombre aparece en los pagos de Gupea Construcciones. La Secretaría de Hacienda lo señala en otra firma usada para reportar pérdidas y evitar impuestos.
La cuñada del abogado, Andrea Morán, también manejó bienes de la red. Recibió la transferencia de una mansión adquirida mediante empresa fachada. Ese movimiento refuerza la conexión familiar dentro de la operación.
El círculo social del matrimonio también resulta relevante. En eventos de sociedad estuvieron presentes celebridades como Galilea Montijo y Fernando Reina. Esa exposición mediática contrastaba con la red financiera oculta. Incluso la fundación altruista de Gómez Mont se vinculó con personas que recibieron pagos desde la empresa facturera.
Las autoridades creen que la red es aún más grande. El caso puede revelar nombres no identificados. La extradición del abogado podría detonar nuevas acusaciones. El impacto amenaza a sectores de alto nivel. La trama muestra cómo operó un sistema de fraude fiscal y desvío público dentro de las élites mexicanas.
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