La derecha gana más terreno en América Latina con Milei, Noboa, Bukele, Paz y Jerí
- paulette solano
- hace 4 días
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La derecha ha ganado terreno en Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador y el Perú. Se trata de países que en su mayoría han dejado atrás a gobiernos de izquierda para virar hacia personajes que abiertamente han demostrado su simpatía con el Gobierno de Donald Trump en momentos en donde el Presidente estadounidense ha lanzado una supuesta cruzada contra los cárteles en la región, acusando a mandatarios de izquierda de supuestos vínculos criminales como ha sucedido con el colombiano Gustavo Petro y el venezolano Nicolás Maduro.
Uno de los últimos países en virar hacia la derecha fue Bolivia con la victoria del pasado 8 de noviembre de Rodrigo Paz Pereira, un triunfo que acabó con 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), del expresidente Evo Morales. Paz Pereira prometió rescatar al país “devastado” y con una “economía en quiebra”, de las cuales culpó a la izquierda saliente. “Nos dejan la peor crisis de las últimas cuatro décadas, una deuda de 40 mil millones de dólares. Nos traicionaron”, afirmó.
Paz criticó duramente la gestión de Luis Arce, su antecesor, emanado del MAS, asegurando que sus políticas convirtieron a Bolivia en un “Estado paralizado, un monstruo burocrático incapaz de servir al pueblo”, lleno de “mercados vacíos” y con ciudadanos que viven con “salarios que no alcanzan”. “Nos traicionaron, y la traición se paga en Bolivia, porque el costo lo asumen los más humildes, y vamos a defender a los más humildes”, afirmó.
Paz Pereira proviene de un linaje de derecha, ligado a casos de corrupción. Es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, quien asumió ese cargo paradójicamente gracias al dictador Hugo Banzer en el marco del “Acuerdo Patriótico”, un pacto político que se formó en 1989 entre el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Jaime Paz y la Acción Democrática Nacionalista (ADN), de Banzer, para que el primero pudiera asumir la Presidencia aún cuando obtuvo el tercer lugar en ese proceso electoral.
El padre del nuevo Presidente boliviano también tiene señalamientos en su contra por supuestos vínculos con el narcotráfico. Un informe policial señalaba en marzo de 1994 que Paz Zamora y su partido, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), protegieron al que se considera el mayor narcotraficante del país, Isaac Oso Chavarria, y permitieron su intromisión en el Gobierno.
Los principales dirigentes del MIR señalaron que el informe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) era una conspiración para destruir a ese partido y las posibilidades de la candidatura a la Presidencia de Paz Zamora en 1997.
El propio Rodrigo Paz Pereira ha enfrentado señalamientos de corrupción que él mismo ha negado. El pasado 25 de febrero Paz Pereira fue acusado por la Fiscalía Departamental de Tarija, municipio que gobernó, por presuntas irregularidades en la construcción de un puente. Al hoy Presidente electo se le imputaron los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Las acusaciones fueron descartadas por la Justicia.
“Fe, familia y patria”, fue el mensaje con el que Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), triunfó en las pasadas elecciones presidenciales en Bolivia.
Durante la toma de posesión del nuevo Gabinete federal, que incluye a viejos conocidos de la política de ese país, quedó más que demostrado, ya que se destacó por la ausencia de la representación indígena, tras dos décadas en que fueron incluidas por el Gobierno de izquierda, teniendo en cuenta que en Bolivia el 38.7 por ciento de los habitantes son indígenas, principalmente quechuas y aymara.
Pese a este porcentaje de población indígena, el Presidente de Bolivia descartó contar con ellos bajo el argumento de que durante 20 años tuvieron, al igual que otros sectores, representación en el Gobierno, pero que ahora es momento de la "meritocracia". ¿Bolivia está mejor?", se preguntó Paz este domingo anticipándose a las críticas que dijo recibirá por ello.
"Es momento de darle a la meritocracia, a la eficiencia, a la transformación del Estado para darle servicio al pueblo", dijo, añadiendo que la puerta está abierta a todos los que quieran servir a la patria". No obstante, este gesto estuvo acompañado del retiro de la bandera wiphala, que representa a los pueblos indígenas, de la fachada del Palacio Quemado, a pocas horas de que Paz recibiera la banda presidencial.
El "libertario" de Argentina
Con llamamientos a combatir el “izquierdismo”, sus críticas al “marxismo cultural” y asegurando que era “especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero”, el ultraderechista Javier Milei, con su partido llamado La Libertad Avanza (LLA), llegó a la presidencia de Argentina en 2023, con más del 30 por ciento de los votos y ganando en 16 de 24 provincias de ese país.
En esa nación, Milei se vendió como especialista en crecimiento económico y les prometió que la solución contra la larga crisis era dolarizar la economía y privatizar todo lo posible porque los derechos, como la salud y la educación, alguien los tiene que pagar. "Nunca se olviden que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor", aseveró en una visita que hizo a México en noviembre de 2022.
"El capitalismo es el sistema más productivo y justo, por lo tanto, cuando venga un zurdo a correrlos con eso no se la dejen pasar porque es falso que ellos son superiores en el plano moral. Eso es falso. Nosotros somos mejores en lo productivo y en lo moral", agregó el Mile, conocido por su crítica al socialismo, a la justicia social, al Estado, al feminismo "radical", al aborto, a la comunidad LGBTIQ+ y su negación a la crisis climática.
Durante su toma de posesión como Presidente de Argentina, Javier Milei estuvo acompañado de varios políticos de derechas del continente Americano e incluso de Europa, como Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil; Daniel Noboa, Presidente de Ecuador; Dina Boluarte, ahora expresidenta de Perú luego de que fue destituida por "permanente incapacidad moral"; e incluso Santiago Abascal, presidente del ultraderechista Vox.
Milei es licenciado en Economía por la Universidad de Belgrano para después cursar dos posgrados, uno en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y otro en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), según consignó el portal Chequeado. Es gran admirador de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos y de la escuela austríaca, una corriente que busca oponerse a que el Estado regule el mercado de un país.
Durante su trayectoria profesional impartió clases en dos universidades y fue asesor del exgobernador de Tucumán, Antonio Bussi, un exmilitar que fue condenado por delitos de lesa humanidad, y cuyo hijo, Ricardo Bussi, después se desempeñó como el aliado de Milei también en Tucumán.
Desde hace meses, Argentina atraviesa por un colapso político del Gobierno que parece no detenerse, a lo que se suman escándalos de corrupción y fraude, como el caso $LIBRA, en el que Milei fue acusado de fraude luego de que promocionó en sus redes sociales una criptomoneda, la cual resultó ser una estafa que afectó a miles de personas, en el que también estaría involucrada su hermana Karina Milei.
Tras el triunfo legislativo del partido La Libertad Avanza, coalición que encabeza el Presidente Milei, que venció por un amplio resultado, con lo que las y los argentinos le habrían reiterado su apoyo al mandatario federal, a pesar de la grave situación económica por la que atraviesa el país sudamericano, Milei impulsa iniciativas para reformar el régimen laboral, el tributario y el Código Penal de ese país.
Una de las propuestas que más ha llamado la atención es la que plantea modificaciones en el ámbito laboral, que busca extender la jornada laboral hasta en 12 horas, la autorización de vacaciones en periodos determinados por el patrón, el pago en cuotas de las indemnizaciones y los aumentos salariales con base en la productividad, lo que podría echar abajo los derechos laborales de los trabajadores.
Un Presidente nacido en EU
El 23 de noviembre de 2023, Daniel Noboa, el heredero de un imperio bananero, uno de los principales productos de exportación, asumió la presidencia de Ecuador por año y medio para completar el periodo de Guillermo Lasso, acusado de delitos de corrupción y quien para evitar ser destituido, recurrió a la “muerte cruzada”, una medida contemplada en la Constitución que permite al presidente disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones.
Catalogado por especialista en el tema como un influencer, Noboa concluyó ese periodo y, sin separarse el cargo, se lanzó a la reelección, misma que obtuvo en la segunda vuelta y tras vencer a Luisa González, candidata del correísmo, Noboa fue elegido Presidente pese a dichas irregularidades fueron señaladas incluso por la Organización de los Estados Americanos (OEA), pese a lo cual su triunfo prosperó.
Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, más conocido como Daniel Noboa, hijo de Álvaro Noboa, un magnate de la industria del plátano que en cinco ocasiones intentó ser presidente de Ecuador, nació en Miami, Florida, Estados Unidos, en donde también fue educado como mucha de esa élite, lo que podría explicar por qué se mira más cercano a ese país que a Ecuador y que aspira a tener su modelo social y económico.
Noboa ganó con la promesa de mejorar la seguridad y su estrategia incluyó estados de excepción, la declaración de un conflicto armado interno y poner al Ejército en las calles. Todo esto ha significado para la población un aumento en la violación a los derechos humanos, sin que la misma esté dando resultados positivos, ya que la crisis de inseguridad ha alcanzado niveles récord en ese país.
Los asesinatos en este país han aumentado aproximadamente un 800 por ciento desde 2018 y se encaminan a alcanzar un récord este año de cerca de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes, según datos de la policía ecuatoriana.
Las mismas cifras refieren que cuatro de las 10 ciudades con mayor índice de homicidios del mundo se encuentran ahora en Ecuador, según el Instituto Igarapé, un centro de estudios brasileño.
Durante el tiempo que Noboa se ha mantenido en el poder ha llevado a cabo reformas que han impactado a la población, como la disminución en los subsidios a la gasolina y el incremento del IVA. Además, es cercano al Presidente Trump, de quien ha buscado apoyo para combatir al crimen organizado en su país, por lo que ha dejado la puerta abierta para que se vuelvan a instalar en su país bases militares estadounidenses.
Sin embargo, pese a esta lucha contra las organizaciones criminales, una investigación de Pública, una agencia de periodismo de investigación sin fines de lucro de Brasil, reveló que Novoa es dueño de una empresa que está asociada a una exportadora vinculada al narcotráfico. Se trata de Noboa Trading Co., empresa que, según Pública, fue atrapada “al menos tres veces por traficar cocaína hacia Europa”.
Documentos filtrados por los Pandora Papers señalan que Noboa y su hermano John Noboa son “socios-propietarios” de la empresa Lanfranco Holdings S.A., que tiene sede en Panamá, la cual a su vez es accionista del 51 por ciento de Noboa Trading Co., la cual transportó droga “escondida en contenedores de bananas y fue objeto de tres interceptaciones por parte de la policía nacional ecuatoriana”.
“Las presuntas irregularidades relacionadas con el mandato de Noboa han sido objeto de controversia desde su elección en 2023. Noboa fue elegido sin declarar que es socio de una empresa, en este caso Lanfranco, en un paraíso fiscal, lo que está prohibido por ley en el país. Ahora, los datos muestran que Lanfranco es socia mayoritaria de Noboa Trading, offshore con sede en Panamá”, destacó Pública.
Tras las elecciones presidenciales, el pasado mes de abril, Luisa González, candidata opositora a la Presidencia de Ecuador, denunció un fraude electoral en la segunda vuelta de la votación presidencial que se celebró en el país sudamericano, en la cual resultó ganador el actual mandatario Daniel Noboa, según datos proporcionados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Luego de darse a conocer los resultados preliminares de la elección, Luisa González emitió un discurso en el que rechazó la victoria de Daniel Noboa y adelantó que solicitará al Consejo Nacional Electoral que haga un recuento de votos. "En nombre del pueblo al que representamos, nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE", dijo la candidata en un mitin al que se congregaron decenas de seguidores.
Además, durante la campaña y hasta el comienzo de las elecciones, González también alertó de acciones que considera antidemocráticas como el cierre de fronteras o la declaración del estado de excepción en hasta siete provincias del país.
La imposición de la derecha
En diciembre de 2022, el entonces Presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, fue detenido después de que anunciara la disolución del Congreso y la instauración de un Gobierno de excepción, decreto que no recabó ningún apoyo, por el contrario, el Parlamento apoyó una moción de censura en contra del entonces mandatario y a la posterior detención de éste por la Policía del país, por los delitos de rebelión y conspiración.
La Fiscalía detuvo a Castillo en la sede de la Prefectura de Lima, a donde se dirigió junto a su familia y el exprimer Ministro Aníbal Torres tras anunciar que disolvía el Congreso, decretaba un Gobierno de excepción y convocaba nuevas elecciones legislativas. Castillo fue destituido por “incapacidad moral” por 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones.
Tras los hechos, la entonces Vicepresidenta Dina Boluarte, tomó juramento como Presidenta de Perú en las siguientes horas, decisión que despertó malestar entre varios sectores de la población, que protagonizaron protestas en su contra, las cuales dejaron al menos seis manifestantes muertos.
Unos meses después de su destitución, el expresidente Castillo, concedió una entrevista al diario español El Salto, en donde denunció que era blanco de una campaña de "persecución política" basada en racismo, clasismo y desigualdad desde su segunda elección. Desde el penal de Barbadillo, Castillo señaló a la derecha peruana de perpetrar acciones que incitaban "al odio y al racismo".
El que fue Presidente de Perú hasta diciembre del 2022, también señaló directamente al empresario de extrema derecha y Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por presuntamente usar frases como "muerte a Castillo" en sus mítines. Asimismo, denunció actos de racismo y acoso contra su familia, como negarle la inscripción a sus hijos y agresiones verbales, como "es hija del burro"; así como constantes burlas por el acento y vestimenta de su esposa.
Castillo reiteró que la derecha peruana y la prensa de dicho país construyeron un discurso que llegaba a que el entonces Presidente cometió un "autogolpe", añadiendo además que es una "víctima de un complot". "[La derecha peruana] sirve a intereses de la derecha internacional, los grupos neoliberales e imperialistas”, dijo.
“Tienen y han usado toda su maquinaria de poder económico y político [...] Me ven como un monstruo, eso es lo que la prensa internacional ha construido como relato", agregó el expresidente, quien apuntó a la "oligarquía extractivista, neoliberal y capitalista" por hacer campaña en su contra y a la prensa que, dijo, estaría molesta porque utilizó los recursos anteriormente usados para pagarles en educación.
Pero luego de asumir el poder en Perú, Boluarte, quien fue destituida el pasado mes de octubre, no estaría exenta de señalamientos por su mala gestión e incluso por presunta corrupción. En 2024, la Fiscalía de Perú inició una investigación contra la entonces mandataria por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que se diera a conocer que portaba joyas de lujo que no constaban en su declaración patrimonial.
Los artículos en cuestión eran tres relojes Rolex y una pulsera de oro, valorados en miles de dólares, los cuales Boluarte utilizó en actos públicos "para representar bien al país", según justificó la entonces Presidenta de Perú, quien antes de encabezar el Gobierno de éste país se desempeñaba como una modesta funcionaria en una de las oficinas de registro de identidad.
De acuerdo con la versión de Boluarte, Wilfredo Oscorima, Gobernador regional de Ayacucho, y amigo de ésta, fue quien le prestó las lujosas joyas, sin que, presuntamente, ella haya dado nada a cambio, bajo el argumento de que ella debía usar relojes bonitos porque estás viajando al extranjero y te estás reuniendo con otras autoridades de otros países", le habría dicho el funcionario.
El pasado mes de marzo, la Fiscal General de Perú, Delia Espinoza, confirmó que la entonces Presidenta del país, se enfrentaba 34 denuncias en su contra, la gran mayoría presentadas por ciudadanos anónimos, aunque en ese entonces rechazó las afirmaciones de la mandataria sobre un presunto "golpe de Estado blando" contra su Gobierno, lo que la Fiscal consideró sólo “tensión" por la situación por la que atraviesa.
La madrugada del pasado 9 de octubre, el Congreso de Perú aprobó la destitución de Dina Boluarte como Presidenta de ese país por "permanente incapacidad moral", luego de haber estado sumida en una serie de crisis políticas desde que asumió el cargo tras la destitución de Pedro Castillo del poder en 2022.
Las principales fuerzas políticas del país sudamericano aprobaron en el Poder Legislativo cuatro mociones para destituir a la Jefa de Estado debido al fracaso de su estrategia de seguridad y escándalos de corrupción. Una de las solicitudes justifica el juicio político por la "permanente incapacidad moral" de la mandataria para ejercer el cargo, el cual ocupa desde hace casi tres años.
En las últimas semanas se desataron protestas en Lima, capital de Perú, ante el aumento de los homicidios por parte del crimen organizado y una ola de extorsiones, situación que la población atribuye a Boluarte. Las protestas comenzaron tras el tiroteo en un concierto del grupo de cumbia Armonía 10 y se agravó cuando la mandataria sugirió que los conductores de autobús en huelga contra el crimen organizado podían simplemente ignorar las llamadas de los extorsionadores.
El reemplazo de Boluarte fue José Jerí, presidente del Congreso e integrante de la agrupación política Somos Perú, quiena inicios de este 2025, fue denunciado por violación sexual, hecho por el cual un juzgado ordenó que el funcionario debía someterse a un tratamiento psicológico “por impulsividad y conducta sexual patológica”, que no cumplió y después un fiscal archivó la causa. En tanto, se prevé que en breve Boluarte pedirá asilo en la Embajada de Ecuador.
El gatopardismo de Bukele
En 2019, Nayib Bukele llegó a la Presidencia de El Salvador con el apoyo del partido político de derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), un partido de derechas ligado a tramas de corrupción. El haberse sumado a esta agrupación política se dio luego de que en 2017 fuera expulsado del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, lo que evidenció el gatopardismo de Bukele y la antesala de que fundara su partido Nuevas Ideas.
Accedió a la Presidencia gracias a la promesa de acabar con la inseguridad, específicamente la generada por los pandilleros de ese país, para lo cual, según investigaciones periodísticas, en un primer momento negoció en secreto con las pandillas, específicamente se menciona al Barrio 18.
Sin embargo, el acuerdo fracasó, lo que llevó al mandatario centroamericano a imponer, desde marzo del 2022, un Régimen de Excepción, el cual se ha prorrogado, al menos, 34 veces y bajo el cual han sido detenidas y encarceladas más de 83 mil personas, muchas de las cuales fueron detenidas bajo un cargo de “conspiración”, sin que se especificara el delito que presuntamente cometieron.
Lo anterior, debido a que al imponerse el Régimen de Excepción se suspendieron derechos civiles de la población, así como sus garantías constitucionales, entre las que se encuentran la prohibición de la libertad de asociación, se puede negar el derecho a un abogado defensor a cualquier persona que sea sospechosa de algún delito, quien tampoco tiene el derecho a ser informado de los cargos que se le acusan, a lo que se suma que la mayoría de los detenidos permanecen en prisión sin ser juzgados.
Bajo este Régimen de Excepción, Bukele logró una gran concentración de poder, por lo que también brindó facultades excepcionales a las corporaciones de seguridad, incluidas la policía y el Ejército salvadoreño. Muestra de ello fue cuando, durante su primer mandato, envió a las Fuerzas Armadas de ese país al Congreso para garantizar los recursos que su estrategia de seguridad requería o el despido de los jueces que se opusieron a su reelección.
Activistas han documentado en el mandato de Bukele detenciones arbitrarias, torturas a detenidos, la muerte de ciudadanos mientras se encuentran en custodia de las corporaciones de seguridad y desapariciones forzadas. “Es un enorme sistema de detenciones arbitrarias construido sobre una base de cambios legales, que permiten al gobierno detener a quien quiera y suspender sus derechos para que no puedan defenderse”, declaró Noah Bullock, director ejecutivo de la organización Cristosal.
En agosto de 2023, luego de criticar al Presidente centroamericano, y de que se hicieran públicas las acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico de varios funcionarios cercanos a Bukele, Alejandro Muyshondt, exasesor de seguridad del mandatario salvadoreño, fue detenido bajo la acusación de que trabajaba como "agente doble" para un gobierno extranjero del que no se proporcionó el nombre.
Seis meses después de su arresto, Muyshondt falleció. La versión oficial fue que la muerte del exasesor fue consecuencia de un “cáncer con metástasis”, que le habría propiciado hemorragias cerebrales, no obstante, la familia del fallecido dio a conocer que éste presentó heridas en todo el cuerpo, así como la nariz, las muñecas y los pies todos, además de entre ocho y 10 cirugías en la cabeza que fueron suturadas de “manera burda”.
También se ha acusado al Gobierno de Bukele de utilizar el programa espía Pegasus para vigilar a periodistas y políticos críticos de su Administración, así como a defensores de los derechos humanos. Uno de estos fue el sitio independiente de noticias, El Faro, el cual presentó una demanda en Estados Unidos al fabricante de Pegasus, la empresa israelita NSO, ya que presuntamente este software se utilizó para intervenir sus teléfonos.
En enero de 2023, Bukele inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacarcel que ha sido criticada por las condiciones en las que mantienen a los presos, pero más alla de este conocido proyecto, que actualmente alberga a unos 18 mil reos, se ha denunciado las condiciones que persisten en el resto de las prisiones, en donde están recluidas alrededor de 81 mil personas.
Los señalamientos a estos espacios son porque ahí han ido ha parar la mayoría de quienes han sido detenidos en los últimos tres años, tiempo que lleva vigente el Régimen de Excepción, en donde, presuntamente, se les tortura y se han registrado varias muertes de los detenidos que son recluidos ahí, lo que no ha impidió que Bukele fuera reelegido como Presidente en 2024.
En diciembre de 2021, el Gobierno de los Estados Unidos sancionó a dos altos funcionarios de la Administración encabezada por Bukele, se trata de Osiris Luna, director de las prisiones en El Salvador y de Carlos Marroquín, quien se desempeña como director de Reconstrucción del Tejido Social en ese país, por presuntamente haber pactado con pandilleros para que se redujeran los homicidios en la nación centroamericana, pese a lo cual los funcionarios mantienen su cargo.
Entre 2020 y 2023, 27 miembros de la MS-13 fueron acusados por autoridades estadounidenses y exigió su extradición de El Salvador a la Unión Americana, la cual fue negada por el Gobierno de El Salvador, al parecer para impedir que revelaran los acuerdos que los criminales pactaron con Bukele, según una investigación realizada por la organización ProPública.
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