Dos ex funcionarios del extinto Fonhapo, a proceso por el desvío de 173 mdp

Reclusorio Sur en la Ciudad de México, en imagen de archivo.

Un juez federal con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México vinculó a proceso a dos ex funcionarios del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), por haber desviado recursos públicos por más de 173 millones de pesos para la adquisición de valores bursátiles, los cuales se transfirieron utilizando como intermediario a Punto Casa de Bolsa, subsidiaria de Grupo Elektra.

En una audiencia que se realizó ayer como parte de la causa penal 517/2024, el juez de la causa consideró que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) aportó elementos indiciarios de la comisión del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por Ángel Ramón Islava Tamayo y José Antonio Maldonado Pérez.

Durante la audiencia inicial realizada el viernes pasado, en la que formuló la imputación contra ambos ex funcionarios, el agente del Ministerio Público Federal aportó elementos de prueba que señalan que los hoy vinculados realizaron la compra ilegal de dos certificados bursátiles, los cuales fueron emitidos por banco Invex SA.

Esta adquisición de valores bursátiles, que no se consideran valores gubernamentales, significaron un desvío de 173 millones 284 mil 805 pesos, y en las operaciones, señalaron los representantes de la FEMCC, Punto Casa de Bolsa participó como intermediario financiero.

Los representantes ministeriales señalaron que a la FEMCC correspondió realizar la indagatoria sobre la actuación de los ex servidores públicos, pero, sin dar mayores detalles, expusieron que hay en marcha otra carpeta por delitos financieros en otra área de la Fiscalía General de la República.

La indagatoria se inició en 2019. Durante la audiencia inicial –efectuada el viernes pasado– y la celebrada ayer, se determinó vincular a proceso a ambos ex funcionarios. Además, se refirió que los recursos desviados forman parte de un extinto fideicomiso del Fonhapo.

El juez federal determinó conceder –al no tratarse de un delito grave– la medida cautelar de libertad condicional, para lo cual ordenó que ambos vinculados a proceso no salgan del país y les impuso una garantía económica.