La Procuradora Fiscal expuso que Ricardo Salinas Pliego usó amparos, declaraciones indebidas y recursos legales para evadir impuestos por dos décadas.

La Procuradora Fiscal expuso que Ricardo Salinas Pliego usó amparos, declaraciones indebidas y recursos legales para evadir impuestos por dos décadas.

Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación, exhibió esta mañana un entramado legal y empresarial de Ricardo Salinas para no pagar impuestos. La estrategia que este empresario ha utilizado durante al menos dos décadas incluye una madeja de recursos de amparo, esconder ganancias, declaraciones indebidas o infladas, interpretar a su conveniencia la Ley, utilizar el Poder Judicial para postergar pagos de obligaciones, entre otras herramientas extralegales.

“Estos casos muestran un patrón de abuso: empresas del mismo grupo usaron pérdidas de manera indebida o inflada para pagar menos impuestos. En la mayoría de los juicios se ha determinado que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la razón, se ha dado desde primera instancia, pero las acciones de litigio de este grupo han sido muy agresivas”, afirmó durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Galeano expuso la historia de los impuestos no pagados por el grupo empresarial y detalló cómo se calcula la deuda, qué figuras fiscales se aplicaban en su momento y por qué dejaron de hacerlo.

Recordó que desde 1982 existía la figura de consolidación fiscal, un mecanismo legal diseñado para que los grupos empresariales presentaran sus impuestos como si fueran una sola entidad. El propósito inicial era fortalecer a las compañías mexicanas, darles liquidez y hacerlas más competitivas a nivel internacional, al diferir el pago de impuestos para incentivar la inversión y la generación de empleos.

Sin embargo, con el tiempo se cometieron abusos. Las empresas declaraban pérdidas mayores a las reales para disminuir sus contribuciones, diferían impuestos durante años sin cubrirlos y alteraban su contabilidad para reducir aún más sus obligaciones, lo que provocó un grave daño a la recaudación y un trato desigual frente a otros contribuyentes.

Entre 2000 y 2012 aumentaron las críticas por el uso de este régimen, y en 2008 se consideró que el diferimiento excesivo se había convertido en un problema grave. En 2014, la consolidación fiscal fue eliminada y sustituida por el régimen opcional para grupos, más estricto y con mayores controles.

La Procuradora señaló que, en el caso de Grupo Salinas, los principales adeudos provienen de la declaración de pérdidas indebidas en la compraventa de acciones, al no calcular correctamente el costo promedio de cada una, como establece la Ley. También se detectaron movimientos contables entre empresas del mismo grupo para aparentar pérdidas y pagar menos impuestos, así como fusiones y divisiones diseñadas para generar pérdidas fiscales artificiales.

En el ejercicio fiscal de 2010, destacó, se declararon pérdidas indebidas derivadas de la compra de una aerolínea. En 2012, se reportaron pérdidas que no correspondían a operaciones reales, sino que provenían de otras empresas en crisis, inflando así las cifras para reducir impuestos.

La funcionaria citó el artículo 28 de la Constitución, que prohíbe monopolios, prácticas monopólicas, estancos, condonaciones y exenciones de impuestos en los términos que fijen las leyes.

Galeano también explicó que de los nueve adeudos que se litigan actualmente en la Corte, el monto actualizado ya es de 48 mil 382 millones de pesos y que hasta ahora ya dos instancias le dieron la razón al SAT y falta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La procuradora detalló los casos, como el reportar pérdidas enormes, simular ventas, compra de acciones, separación de empresas, entre otras.

Finalmente, en concreto sobre una negociación, dijo ocurren en casos excepcionales y cualquiera puede acceder a ellos y las reducciones son en multas y recargos, pero el contribuyente tiene que acercarse de buena voluntad para hacer su pago.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que esta prohibición se incorporó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador e insistió que los cobros a Salinas son para hacer cumplir la Ley.

“Este no es un asunto político, más allá de cualquier diferencia política. No es un asunto político, es un asunto de cumplimiento de la Ley”, dijo.