Profepa clausura empresa de Salinas Pliego proveedora de Pemex por falta de permisos
- paulette solano
- 5 sept
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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total temporal a la empresa Typhoon Offshore S.A.P.I. de C.V., propiedad de Grupo Salinas, tras detectar que operaba sin permisos ambientales en Ciudad del Carmen, Campeche.
Según se sabe, la compañía en cuestión se dedica a la reparación y mantenimiento de maquinaria industrial y en los últimos años se convirtió en uno de los principales contratistas de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con información publicada por Energy Magazine, la medida se aplicó luego de confirmar que la firma no contaba con la autorización en materia de impacto ambiental que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Con esta decisión, el Gobierno Federal de Claudia Sheinbaum Pardo pone bajo escrutinio a una empresa que ha recibido miles de millones de pesos en contratos públicos pese a registrar señalamientos fiscales y deudas con la petrolera estatal.
¿Por qué clausuraron la empresa de Salinas Pliego?
El 15 de agosto, inspectores de la Profepa realizaron una visita de verificación en las instalaciones de Typhoon Offshore. Durante el recorrido se constató que operaban un patio de maniobras, un área de almacenamiento, oficinas administrativas y un taller de soldadura, actividades que requieren permisos ambientales que la empresa no pudo acreditar.
Ante estas irregularidades, la Profepa colocó sellos de clausura y aplicó una multa, además de iniciar un procedimiento administrativo para verificar el cumplimiento de medidas correctivas que, en su caso, permitirían levantar la sanción.
La clausura también revive el debate en torno al magnate Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, quien en los últimos años ha mantenido choques con los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, y ha sido señalado por adeudos fiscales multimillonarios.
Typhoon Offshore surgió tras la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto y, en nueve años de operaciones, se convirtió en el tercer mayor contratista de Pemex Exploración y Producción, con contratos que superan los 42 mil 790 millones de pesos, de los cuales casi el 90 por ciento fueron adjudicados durante la actual administración.
Además de la clausura, la empresa enfrenta un historial de problemas financieros y legales, incluidas observaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La medida aplicada por Profepa se suma a esta lista de dificultades que cuestionan la solidez y transparencia de la relación entre Pemex y una de las compañías privadas más beneficiadas en la última década.
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