El Alcalde de Teuchitlán es amigo de Alfaro, de Lemus. Y de “El Mencho”, según la FGR

La historia no contada

El Alcalde José Ascensión Murguía Santiago fue imputado por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada en el caso del Rancho Izaguirre, ya que según las primeras investigaciones de la FGR el Edil, emanado del partido Movimiento Ciudadano y cercano al Gobernador de Jalisco Pablo Lemus, era parte de la nómina del CJNG.

El arresto de José Ascensión Murguía Santiago, Alcalde de Teuchitlán, Jalisco, poco a poco va confirmando una red de complicidades entre autoridades y el crimen organizado. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), el Edil era colaborador del grupo criminal que operaba rancho Izaguirre, mismo que habría servido como campo de reclutamiento.

Con la detención de Murguía Santiago se revelaron nuevos datos que apuntan a que el Edil, cercano al Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, no sólo tenía conocimiento de la existencia y del uso que se le daba la predio, también que era parte de la red de corrupción que colaboraba con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual presuntamente operaba el lugar.

El pasado sábado 3 de mayo, la FGR dio a conocer que Murguía Santiago fue detenido por presuntos nexos con el CJNG, grupo delincuencial al que se le adjudica un campo de adiestramiento hallado en el rancho Izaguirre, dentro del municipio de Teuchitlán, en marzo de este 2025. Tras su captura, el Edil fue trasladado a la Ciudad de México, en donde el domingo se llevó a cabo una audiencia.

Durante esta primera audiencia, el Alcalde, emanado del partido Movimiento Ciudadano, fue imputado por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada en el caso del Rancho Izaguirre, donde presuntamente operaba el Cártel Jalisco, por lo que el Juez encargado del caso determinó que el Edil permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras se define su situación jurídica.

Según investigaciones de la Fiscalía General, el entonces Alcalde de Teuchitlán recibía 70 mil pesos mensuales por permitir la operación del grupo criminal en la región, por lo que facilitaba a éste policías, armas y patrullas con los que protegía el rancho Izaguirre, además de vigilar que las víctimas reclutadas no escaparan o perseguirlas en caso de que lograran huir.

Periodistas que tuvieron acceso a la primera audiencia, misma que se extendió por más de 10 horas, señalaron que FGR presentó pruebas que señalan que el Edil, además de colaborar con el CJNG, también se reunía frecuentemente con los líderes de este grupo. Otra de las acusaciones señala que Murguía Santiago arrojó restos humanos a una zanja en el rancho, según las declaraciones de un testigo.

Según el testimonio citado por el diario Reforma, en una ocasión el Alcalde acudió al rancho Izaguirre en compañía de José Gregorio Lastra, alias “Comandante Lastra”, a quien se le identifica como el encargado de reclutar y adiestrar a las víctimas del CJNG, en donde le ordenó a otro operador apodado “El Rojo” que abriera una fosa en donde arrojaron una bolsa llena de restos humanos.

Con base a los testimonios recabados, la Fiscalía acusó a Murguía de ser uno de los autores materiales y directos de los crímenes que tuvieron lugar en ese inmueble. Asimismo, la dependencia federal señaló que el Edil formaba parte del grupo que seleccionaba a los nuevos reclutas, ya que también, presuntamente, decidía quiénes de los reclutas superaban las pruebas, y a los que no lograban pasar estas, los asesinaban.

Murguía Santiago, quien es dentista de profesión, asumió como Alcalde de Teuchitlán en 2021 y fue reelecto en 2024, aunque ya se había desempeñado en el mismo cargo en 2012. En tanto, la primera intervención, por parte de autoridades federales que se hizo al rancho Izaguirre fue en septiembre de 2024, cuando Enrique Alfaro, también de Movimiento Ciudadano, aún era Gobernador de Jalisco.

El pasado 5 de marzo, gracias a una llamada anónima, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó el Rancho Izaguirre, en la localidad de La Estanzuela, en Teuchitlán, el cual, según las primeras versiones de los activistas, servía como campo de exterminio y adiestramiento por parte de un grupo del crimen organizado, en donde, se calcula, habrían sido asesinadas cientos de personas.

De acuerdo con los testimonios recabados por el colectivo, el lote era utilizado para prácticas criminales por el CJNG, por lo que, afirmaron en ese momento, en el lugar fueron hallados tres hornos crematorios clandestinos, restos óseos, maletas, restos de droga, así como cientos de prendas de vestir y calzado que pertenecerían a las víctimas.

Sin embargo, esa no fue la primera vez que las autoridades accedían al inmueble.

Ubicado a aproximadamente una hora de Guadalajara, Jalisco, el presunto campo de exterminio ya había sido intervenido y asegurado por parte de la Guardia Nacional, en septiembre de 2024, sin que las autoridades reportaran ningún crematorio o fosa, como tampoco todos los hallazgos que salieron a la luz a inicios de marzo de 2025.

Aunque durante el aseguramiento que hizo la Guardia Nacional, en septiembre de 2024, fueron rescatadas dos personas con vida, y se detuvo a 10 hombres, además de que localizaron varias armas, chalecos tácticos, casquillos e incluso restos óseos quemados, el entonces Fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, rechazó que existiera cualquier indicio de fosas o crematorios.

La llamada anónima de un exrecluta, el pasado mes de marzo, alertó al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, así lo dio a conocer la representante de la organización civil, Indira Navarro, quien en diversas entrevistas detalló, con base en diversos testimonios, la forma en que eran reclutadas las víctimas y el calvario al que eran sometidas.

Navarro ahondó que el presunto modus operandi del CJNG para llevar a cabo este reclutamiento era ofrecer vacantes en redes sociales, particularmente Facebook, de diversos trabajos como ayudante en general, chofer o personal de seguridad. Cuando los interesados en estos puestos arribaban a la central de autobuses de Guadalajara, eran recogidos por un vehículo.

Al abordar el vehículo, se despojaba a las víctimas de sus pertenencias: equipaje, teléfono, credenciales y todo aquello que pudiera servir para identificarlas. Además, se les colocaba una venda en los ojos para que no pudieran conocer el camino que los llevaría al rancho de Teuchitlán, en donde serían sometidos a castigos, aislamiento, vejaciones, hacinamiento e incluso los privaban de la vida, sólo por haber intentado conseguir trabajo.

Aunque desde el inicio del caso los activistas han asegurado que el predio funcionó como un campo de exterminio, la FGR ha mantenido el discurso de que el sitio sólo había servido como campo de reclutamiento. Tras el hallazgo en el rancho Izaguirre, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero dio lectura a un informe ministerial federal en el que exhibió las omisiones de las autoridades del estado.

Indicó que las autoridades ministeriales de Jalisco “no realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos”, y no cumplieron con “el debido registro e identificación de todo lo hallado, sobre todo lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas en ese sitio”. "Prácticamente después de las diligencias ministeriales locales, dicho inmueble quedó en abandono, sin ninguna protección a pasar de que se hallaba asegurado por el MP local", dijo.

El Fiscal general indicó, por ejemplo, que no se le dio “seguimiento cabal” a las declaraciones de una de las víctimas respecto a que las prendas de vestir eran de las personas que los delincuentes habían reclutado y adiestraban en ese sitio, y por eso dejaban sus ropas para uniformarse y equiparse de conformidad con las características técnicas de dicho cártel delictivo.

Explicó que se localizaron identificaciones que corresponden a sicarios de cárteles criminales que ya fueron detenidos en otras entidades. Refirió que prácticamente después de las diligencias ministeriales locales, dicho inmueble quedó en abandono, sin ninguna protección a pesar de que se hallaba asegurado por el Ministerio Público local.

Gertz Manero dio a conocer que incluso no se procesaron los vehículos encontrados en el rancho, de los cuales tres ya habían sido robados. También sostuvo que no se solicitó la intervención de la FGR por los delitos de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y por delincuencia organizada. "Seis meses después no hay un dictamen definitivo que determine análisis físicos y químicos que vinculen las zanjas en contradas con zonas crematorias”, dijo.

“Se trata de pruebas que debieron estar periciadas en el momento, pero no fueron entregadas por la Fiscalía estatal", indicó el Fiscal, y añadió que "las carpetas locales no fueron integradas al caso, ni se le dio seguimiento a declaraciones de víctimas en referencia a las prendas, que señalaba que se trataban de propiedad de los retenidos", añadió Gertz Manero.

En el más reciente informe dado a conocer por la FGR sobre el caso, el Fiscal aseguró que desde el año 2021 las autoridades locales de Jalisco sabían que el lugar era usado como un centro de “reclutamiento, adiestramiento y operación” del Cártel Jalisco Nueva Generación y sostuvo que esto está demostrado por “confesionales, testimoniales y documentales”, en ese sentido adelantó que se investigarán a las autoridades coludidas.

“Tenemos pruebas desde 2021 en que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco le informó a las autoridades locales de esa población sobre lo que estaba ocurriendo ahí y no hicieron nada. Esto ocurrió hasta 2024 cuando las fuerzas federales, acompañados por autoridades del estado, tuvieron el enfrentamiento donde hubo la detención de 10 personas y el encuentro de dos personas que estaban secuestradas y una que estaba emplayada, muerta”, declaró en conferencia de prensa.

Cuestionado sobre si el exgobernador Enrique Alfaro o alguna autoridad de su administración tenía conocimiento de las actividades ilícitas en este lugar, Gertz Manero sostuvo que "si en 2021 la propia Comisión de Derechos Humanos del estado ya le había hecho comunicado a las autoridades municipales de la zona, desde el 2021 había conocimiento".

Sobre las versiones que apuntan a que el sitio era también un lugar de cremación, el Fiscal negó que exista evidencia al respecto: “No hay una sola prueba que acredite ese dicho. No hay pruebas, no se encontraron pruebas de calentamiento a niveles de 200 grados”, abundó, aunque confirmó que se encontraron zanjas, agujeros con restos de fogatas y una pequeña vasija con huesos.

“Esa vasija está en un pequeño montículo”, detalló, y agregó que se analiza su antigüedad, la cual podría ser relevante. Aunado a ello el Fiscal deslindó por completo a la Fiscalía General, particularmente a la delegación de las negligencias y omisiones en el caso, y de las acciones que no se realizaron desde 2024, cuando la Guardia Nacional cateó el Rancho Izaguirre.

Lo anterior, a pesar de que Gertz Manero reconoció que sí se le se dio vista a la delegación de la FGR sobre las armas de alto calibre y de uso exclusivo del Ejército encontradas en el Rancho Izaguirre. El fiscal se escudó en que la Fiscalía no tiene facultades de pesquisa, y que sólo actúa cuando se presentan denuncias formales o cuando las autoridades le dan vista, lo que deja en evidencia una profunda descoordinación en el caso.

“El Ministerio Público de la Federación, por mandato constitucional no puede realizar pesquisas. Las funciones de investigación para la prevención del delito o para presentar denuncias les corresponden a las autoridades de prevención del delito, no a la fiscalía”, respondió al ser cuestionado al respecto.

Por ahora se siguen desarrollando las investigaciones para determinar el alcance de la red de corrupción en torno al Rancho Izaguirre, el Juez encargado del caso determinó que Murguía Santiago permanecerá en prisión preventiva mientras se define su situación jurídica. La defensa del funcionario local solicitó un plazo de 144 horas para presentar pruebas a su favor, por lo que la audiencia continuará el 9 de mayo.

"Ya es un tema que las autoridades van a resolver. Es lo que les puedo mencionar. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y las autoridades tendrán que resolver conforme a derecho", mencionó el abogado del Edil y añadió que su versión de los hechos la darán el próximo viernes que sea la continuación de la audiencia inicial. "El día de hoy sólo se escucharon los datos de prueba por parte de la Fiscalía", detalló.

La captura de Murguía Santiago se suma a otras 15 detenciones relacionadas con el caso del Rancho Izaguirre, donde se hallaron objetos personales y restos humanos, entre ellas la de un sujeto identificado como “Comandante Lastra" y las de dos expolicías municipales de Tala, Jalisco, a finales del pasado mes de marzo. Las primeras investigaciones señalaron que los expolicías actuaban bajo las órdenes del "Comandante Lastra".